La Autoridad Laboral debe reforzar el control y las sanciones en materia de igualdad en el ámbito laboral

La Autoridad Laboral debe reforzar el control y las sanciones en materia de igualdad en el ámbito laboral

Cristina Antoñanzas defiende impulsar la igualdad desde la negociación colectiva en una jornada sobre “Negociación de Planes de Igualdad en las empresas”


La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha intervenido hoy en una jornada sobre “Negociación de Planes de Igualdad en las empresas”, organizada por la Dirección General de Trabajo-Consejería de Empleo y Políticas Sociales y el Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria donde ha manifestado que lograr que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y alcanzar una sociedad más justa es un principio irrenunciable para el sindicato porque, la igualdad, además de ser un derecho fundamental y una cuestión de justicia, es una necesidad social y de nuestra economía”.

En su ponencia, Cristina Antoñanzas ha recalcado que “tras un periodo de recortes y retrocesos para la igualdad, con el cambio de Gobierno, se retoma el avance con la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación en el que se extiende la obligación de negociar y elaborar planes de igualdad a empresas con más de 50 trabajadores y registrarlos, se reforma el derecho a la igualdad de remuneración sin discriminación por razón de sexo  estableciendo la obligatoriedad para todas las empresas de disponer de un registro retributivo desagregado por sexo que facilite la transparencia salarial y, en materia de permisos y corresponsabilidad, se equiparán los permisos por nacimiento para ambos progenitores”.

Antoñanzas ha subrayado que “el desarrollo reglamentario, en materia de planes de igualdad y de igualdad retributiva, es un avance esencial para la consecución de la igualdad de género en el ámbito laboral y de forma más concreta en el seno de las empresas en las que tiene lugar el desarrollo de las relaciones laborales a través de la negociación colectiva, sin embargo, estos avances han llegado en medio de una gravísima crisis causada por una pandemia sin precedentes por lo que se hace más necesario que nunca redoblar los esfuerzos para vencer los retos que esta situación nos plantea en todos los ámbitos”.

“A pesar de los avances legislativos durante 2019 y 2020”, ha explicado, “los indicadores de 2020 muestran tasas de actividad, empleo, paro, retribuciones y asunción de responsabilidades familiares en las que persisten importantes brechas de género y, junto a estos indicadores, la feminización del trabajo a tiempo parcial, del trabajo de cuidados, la segregación ocupacional y la mayor precariedad en el empleo de las mujeres, continúa siendo una realidad”.
“Frente a esta situación hay que actuar con especial contundencia, no sólo para eliminar la desigualdad, sino también para evitar que esta situación se vea más agravada por los efectos económicos de la pandemia”.

Aumentar el control sobre la adecuación de los contenidos de los planes de igualdad 

La Vicesecretaria General de UGT ha destacado que el Decreto clarifica muchas cuestiones no definidas con la Ley Orgánica de Igualdad en 2007, y ofrece una serie de reglas en cuanto plazos, procedimientos de negociación, materias objeto de diagnóstico, el registro y “ya no cabe duda alguna que el diagnostico debe ser objeto de negociación en la Comisión Negociadora con la Representación de los Trabajadores, y de que la empresa está obligada a facilitar la información necesaria para la elaboración del diagnóstico, aspectos que consideramos van a facilitar la labor de los negociadores, pero es preciso continuar adoptando medidas para facilitar la interpretación de los Decretos y alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

“Además, no solo es necesario conocer el grado de cumplimiento de las empresas en la obligación de contar con un plan de igualdad, sino también conocer si su contenido es adecuado o no. Para ello hubiera sido necesaria la correspondiente inversión pública en recursos materiales, técnicos, humanos, etc.” ha afirmado.

“Lo deseable sería que existiera un control de carácter público del propio proceso y del contenido adecuado y correcto del plan que garantice que los planes adoptados servirán para el fin para el que fueron creados por la Ley y que estuvieran previstas sanciones al respecto, de hecho, la inadecuación del plan debería determinar su nulidad por inexistencia de verdadero plan. Por ello, exigimos reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral”.

Antoñanzas ha advertido de la necesidad de dar formación técnica especializada a los operadores jurídicos en esta materia, desde las partes negociadoras, Inspección de Trabajo, hasta miembros de los Tribunales de Justicia, “desde UGT llevamos muchos años formando a las delegadas y delegados sindicales para la negociación de planes de igualdad, pero es necesario que el resto de operadores jurídicos cuenten con dicha formación”.

Impulsar la igualdad desde la negociación colectiva

“Por todo ello, para UGT es imprescindible impulsar la negociación colectiva de medidas y planes y adaptar dicha negociación a la nueva normativa reglamentaria de planes de igualdad y de igualdad retributiva. Además, es necesario incrementar el SMI hasta situarlo al final de legislatura en el 60% de la media salarial como señala la Carta Social Europea y mejorar las policías activas de empleo, en especial las dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad en el empleo y en la protección social”.

“También es fundamental incrementar los niveles de protección social en relación con las tareas de cuidados y eliminar las discriminaciones y desigualdades de género que aún persisten en nuestro sistema de protección social, adoptar políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos y dignificar el sector de cuidados, acometiendo la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar, adoptando políticas de corresponsabilidad efectiva e invirtiendo en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado (dependencia, mayores, sanidad, servicios sociales) con empleo y recursos públicos” ha finalizado.

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