La deuda social del amianto

La deuda social del amianto

Entrada en el blog "Valor Sindical" de Pepe Álvarez


El Estado es responsable de que centenares de miles de personas trabajadoras de nuestro país, y sus familiares, se hayan visto expuestas al amianto, un agente cancerígeno, y muchas han desarrollado esta enfermedad. Por eso el Estado tiene que crear un fondo de compensación para las víctimas. 

El asbesto, conocido popularmente como amianto, es un mineral de origen metamórfico compuesto de fibras de átomos de sílice y algunos metales como el magnesio, el manganeso o el hierro. Esta definición sacada de Wikipedia, parecería inofensiva si no fuera porque según la Organización Mundial de la Salud, el amianto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes y provoca alrededor de la mitad de las muertes por cáncer profesional.

En España, desde mediados del siglo XX, millones de toneladas de amianto comercializadas principalmente bajo las marcas de uralita y fibrocemento, se instalaron en techos, tubos de conducción, contenedores de agua, y en infinidad de edificaciones y naves industriales hasta finales de los años 90, ignorando los indicios ya conocidos que demostraban el potencial altamente cancerígeno de sus fibras.

La peligrosidad de este material quedó clara en 1978, cuando el Parlamento Europeo declaró el amianto como sustancia cancerígena, y su uso fue prohibiéndose paulatinamente a partir de ese momento en la mayoría de los países desarrollados. En España, pese a las peticiones de sectores sanitarios para prohibir su utilización industrial a comienzos de los 80, tras detectar los primeros casos de exposición, tuvimos que esperar has el año 2002 para su prohibición definitiva. Durante este periodo, centenares de miles de personas trabajadoras de nuestro país, y sus familiares, se han visto expuestas a este agente cancerígeno. Incluso a día de hoy, encontramos situaciones de trabajadores y trabajadoras que siguen exponiéndose a este elemento, al tener que manipular materiales con amianto, que siguen instalados en edificios repartidos por todo el país.


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