Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social: Regreso al futuro

Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social: Regreso al futuro

A finales de 2007 aparecía el primer movimiento en el sector de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social relacionado con el “asociacionismo” de estas entidades. Así nacía “Corporación Mutua” integrada por Cesma, Ibermutuamur, Mac, MC Mutual, Mutualia y Solimat. Casi sin solución de continuidad, a principios de 2008, se creó otra agrupación, “SUMA Intermutual”, integrada por Mutua Montañesa, MAZ, Umivale y Mutua Navarra. El origen de estas alianzas estaba justificado por la necesidad de añadir eficacia y transparencia a la gestión de los recursos públicos que manejan estas entidades, así como por el intento de que el uso de esos recursos públicos "sea más eficiente", en palabras del Secretario de Estado de la Seguridad Social de entonces, Octavio Granado.

Con posterioridad, el 14 de noviembre de 2011 asistimos a la publicación del Real Decreto 1630/2011, por el que se reguló la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Se justificaba entre otros motivos en que el Tribunal de Cuentas había puesto de manifiesto repetidamente la infrautilización de los recursos asistenciales de las mutuas, en especial de los hospitalarios, al tiempo que reseñaba la proliferación, no siempre controlada, de asistencias realizadas a través de conciertos con medios privados mientras que una parte de los recursos propios se mantenían ociosos. En este RD se profundizaba en los aspectos de colaboración entre las Mutuas estableciendo  los mecanismos precisos para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos públicos, bien de las administraciones públicas sanitarias, bien de otras mutuas, así como la posibilidad de utilizar medios privados, de manera que se dé cumplimiento al objetivo de lograr la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos públicos gestionados por las mutuas.

Lamentablemente prácticamente ninguno de los mandatos del RD, entre los que se encontraba la creación en la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social de un grupo de trabajo para estudiar, con la colaboración de técnicos de mutuas de distinta dimensión, la posible optimización futura de centros asistenciales y recuperadores de las mutuas y/o distribución de especialidades, así como la adecuación de los conciertos con medios privados existentes a lo establecido por este real decreto, ha sido desarrollado por la Administración.

Cabe preguntarse, ¿sirvió todo esto para algo?, ¿las iniciativas de las Mutuas y el esfuerzo legislador consiguieron realmente alcanzar los fines que les impulsaron?.

Echando un vistazo a la actual situación del sector, en el que se multiplican los problemas de gestión de los RRHH abocando a las plantillas a importantes retrocesos en sus condiciones económicas y laborales, a incrementos de las cargas de trabajo y a aumentos considerables de las patologías derivadas de riesgos psicosociales vinculados al trabajo, por citar solo algunos problemas. Sector en el que aumenta cada día la inseguridad jurídica merced a la doble definición de entidades privadas pertenecientes al Sector Público Estatal; en el que crece de manera exponencial y sin freno el déficit en cuanto a la gestión de las contingencias comunes.

La respuesta obviamente es NO.

La lectura del Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas del 2015 sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos corrobora la ineficacia de las medidas.

En septiembre y diciembre de 2017 respectivamente, ambas sociedades “Corporación Mutua” y “SUMA intermutual” fueron objeto de liquidación a pesar de que los acuerdos de colaboración se han seguido manteniendo. De hecho en el 2017 Mutua Balear se incorporó al acuerdo de SUMA Intermutual.

En este 2019, de nuevo con Octavio Granado, como Secretario de Estado de la Seguridad Social, hemos conocido la existencia de dos acuerdos de colaboración entre 6 mutuas impulsados al parecer por la propia Administración. Por una parte Asepeyo, Fraternidad Muprespa y MC Mutual, y por otra Fremap, Mutua Universal y Solimat.

Resulta obvio que este tipo de asociaciones no son nada nuevo. Pero lo que es aún más obvio es que no resuelven absolutamente ninguno de los problemas del sector.

Nada tienen que ver estos acuerdos con el proceso de fusión protagonizado por Mutua Gallega e Ibermutuamur en 2018. Los unos se enmarcan dentro de lo que serían las directrices del RD 1630/2011, mientras que el otro obedece únicamente a la situación de insuficiencia financiera en la que desembocó la Mutua Gallega.

Desde el Sindicato de Mutuas de FeSP-UGT denunciamos que todas las iniciativas tomadas en lo que se refiere a la colaboración entre mutuas, incluidos los acuerdos de este año, lo han sido sin contar en absoluto con la opinión de nuestra organización. Si bien estos acuerdos no contemplan de manera expresa modificación en las condiciones laborales de las plantillas, entendemos que la reorganización de los modelos asistenciales si pudieran a medio y largo plazo generar alteraciones en los mismos. Por tanto exigimos se dé cumplimiento al art. 64 punto 5 del ET, en relación con los derechos de información y consulta.

En opinión del Sindicato de Mutuas de FeSP-UGT estamos sufriendo un “regreso al futuro”, repitiendo fórmulas que han demostrado ser ineficaces. Mientras tanto se siguen sin abordar en profundidad los problemas del sector. Tanto la Administración como las Mutuas parecen estar “cómodas” con la situación. Los unos parece que hacen y los otros respiran sabiendo que todo cambia para que nada cambie.

Mientras tanto se siguen deteriorando las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados. Mientras tanto sigue aumentando el déficit en la gestión de las Contingencias Comunes. Este año 2019, posiblemente sea el primero en el que el superávit de las contingencias profesionales y cese de actividad de los trabajadores autónomos no compense las pérdidas de la contingencia común.  Mientras tanto se va debilitando la prestación de servicios que pueden prestar estas entidades a la sociedad por la carencia de recursos económicos.

Las MCSS no son meros agentes económicos cuya misión sea paliar el déficit de la Seguridad Social a través del retorno de sus excedentes a las reservas de ésta. Son entidades que sobre todo desarrollan una importantísima labor en lo que respecta a la salud de las ciudadanas y ciudadanos; entidades que facilitan que las personas con derecho a ello perciban las prestaciones de la Seguridad Social que les correspondan. En tanto en cuanto no se tenga esto claro se seguirá errando en cualquier tipo de reforma que se quiera implementar en el sector.

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