UGT reclama una Ley integral de Derechos de las Personas Mayores

UGT reclama una Ley integral de Derechos de las Personas Mayores

El sindicato insiste en la necesidad de realizar una auditoría de las residencias, en el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez


El sindicato ya ha realizado diversas denuncias tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas sobre la situación de las residencias de las personas mayores, con el fin de tomar las medidas necesarias y eficaces para que la situación vivida durante la pandemia no se vuelva a repetir.

Las residencias están pensadas como centros de convivencia, y muchas de ellas son pisos, sin el espacio ni las condiciones suficientes para garantizar el aislamiento de las personas mayores, provocando el aumento de los fallecidos durante la Covid. 

Es imprescindible acabar con la precariedad en el sector de la dependencia. Las malas condiciones de trabajo de estos profesionales repercuten en la calidad de vida de las personas mayores.

UGT reclama una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice la protección y el ejercicio de los derechos de este colectivo; la no discriminación por razón de edad; la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad; y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos.

Con motivo del 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama una auditoría de las residencias de mayores, con el fin de conocer qué ha sucedido en estos centros durante la pandemia, y qué sigue sucediendo a día de hoy, y poder tomar las medidas necesarias y eficaces para proteger a las personas más vulnerables.  

El sindicato recuerda que ha realizado diversas denuncias tanto al Ministerio de Sanidad como a algunas Comunidades Autónomas sobre la situación de las residencias de mayores, incluso antes de la pandemia.  En este sentido, ha denunciado, con anterioridad, algunas de las deficiencias que presentan las residencias de mayores y que venían de lejos, como es la escasez de profesionales para atender a las personas mayores. En concreto, las bajas ratios de gerocultoras en el sector. Así lo hizo en dos ocasiones ante el Defensor del Pueblo (el 18 de mayo de 2017 y el 18 de octubre de 2018). 

Asimismo, UGT ha denunciado que las distintas Administraciones han vuelto a adjudicar licitaciones a algunas empresas que ya han sido sancionadas por infracciones, cuando el sindicato había exigido reiteradamente que se les excluyera en las contrataciones con las Administraciones Públicas. Algo totalmente vergonzante para la ciudadanía de nuestro país. 

Mala calidad del trabajo que genera menos derechos para las personas mayores

La escasez de personal provoca un aumento de presión en el trabajo y la prolongación de las jornadas laborales, lo que genera cansancio y stress de las propias trabajadoras en relación a las medidas de protección, aumentando con ello el riesgo de enfermar. A las ya exiguas plantillas se unen las bajas laborales que no están siendo sustituidas, entre otras cosas, por la dificultad para encontrar trabajadoras cualificadas (el 90% son mujeres). Una dificultad que se constata cuando el propio Gobierno publica una Resolución en el BOE por la que se permite contratar trabajadores no cualificados.

Por otra parte, pese a ser considerados servicios esenciales, estos trabajadores y trabajadoras no han podido tener, en todos los casos, de la posibilidad de alojarse en lugares habilitados por las distintas administraciones para no contagiar a sus familias.

UGT señala, además, la dificultad que han tenido las residencias para mantener el aislamiento de los mayores, dificultad que se incrementa por el número de residentes (están pensadas como espacios de convivencia). En España hay 5.417 centros de mayores, que suman un total de 372.00 plazas, según datos del CSIC publicados en abril de 2019. Algunas de estas residencias son pisos, sin el espacio, ni las condiciones suficientes para asegurar el aislamiento.

Aunque aún no se tienen datos oficiales exactos, debido a la dificultad para realizar un cómputo adecuado, lo que está claro es que ha habido un aumento exponencial del número de fallecidos en estos centros, lo que revela a su vez que se deberían haber incrementado las medidas de protección frente a la Covid19 en los centros de mayores y las inspecciones en esos centros.

UGT reclama una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores reclama también una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, que garantice la protección y el ejercicio de los derechos de este colectivo; la no discriminación por razón de edad; la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad; y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos. 

Para el sindicato, es una prioridad acabar con las carencias estructurales y apostar por un sistema integral de protección a las personas mayores que garantice el derecho a tener una vida plena e independiente y un envejecimiento activo. Las personas mayores son una parte de la población más vulnerable por lo que debemos atender especialmente las situaciones de maltrato tanto en el ámbito familiar o domiciliario, como institucional; por lo que reivindicamos una Estrategia de Lucha contra el Maltrato de las Personas Mayores; en la que se respeten los derechos y la dignidad de las personas mayores, velando especialmente en las situaciones de indefensión.

Por otra parte, esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad reforzar el sistema de dependencia, el sistema de cuidados y las condiciones laborales de las personas trabajadoras y ha reforzado la reivindicación sindical de que se coordinen los servicios sanitarios y los servicios sociales, para proporcionar una respuesta integral y eficaz a las necesidades de los mayores. Además, resulta imprescindible que esta ley contenga la prevalencia de la prestación de servicios sobre la prestación económica y continúe la profesionalización del sector; que tengan una financiación finalista; la mejora de las ratios, adecuándolas al grado de dependencia de los beneficiarios, y que la responsabilidad de la asistencia sanitaria de los mayores recaiga en el Sistema Nacional de Salud, como la del resto de la ciudadanía. 

UGT defiende una reforma estructural del modelo residencial que garantice una atención centrada en la persona, integral y continuada, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades, según las preferencias y deseos de su proyecto de vida.  Por ello, insta a adoptar un nuevo modelo, basado en derechos y que proteja la dignidad de la persona. 

En este sentido, propone:

  • Adoptar planes de contingencia en las residencias para garantizar la adopción de medidas de seguridad para evitar propagaciones de nuevos virus.
     
  • Garantizar que los protocolos de derivación hospitalaria de las personas usuarias de las residencias, no tengan en cuenta la edad sino criterios de salud.
     
  • Garantizar la atención y cuidados de las personas en situación de dependencia. Son precisos protocolos para garantizar esta atención, especialmente, en los centros residenciales.
     
  • Garantizar que, en ningún caso, la suspensión de la actividad de alguno de los servicios presenciales del SAAD, puede significar la no prestación del mismo. En este caso se garantizarán los cuidados y la atención de la persona en situación de dependencia mediante la articulación de un sistema de atención domiciliaria.
     
  • Regular y potenciar la figura del asistente personal.
     
  • Apostar por la profesionalidad en el sector de servicios sociales y, especialmente, en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), junto con el incremento de las plantillas.
     
  • Las ratios de atención deberán ser más adecuadas, tanto en horas de atención por profesional, como de número de usuarios por profesional, lo que repercutirá positivamente tanto en la atención a las personas usuarias de los servicios sociales como a las condiciones de trabajo, de los y las trabajadoras.
     
  • Destinar un fondo extraordinario para contrataciones laborales de personal cualificado y acreditado, para garantizar esta atención y apostar por un empleo de calidad en servicios sociales, y especialmente en el SAAD.
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